Chile ha construido durante las últimas décadas una institucionalidad ambiental que, con virtudes y limitaciones a lo largo de distintos gobiernos, ha permitido avances significativos en materia de descontaminación atmosférica. Normas de calidad del aire, estándares de emisión en termoeléctricas o fundiciones de cobre y planes de descontaminación han contribuido a mejorar la gestión ambiental y a instalar una premisa fundamental: la política pública debe orientarse, ante todo, a promover un entorno sano que mejor permita el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas.

Ahora bien, el persistente incumplimiento de la norma de material particulado fino (MP2,5) en gran parte de la zona centro-sur del país obliga a dar una mirada más profunda de forma que los instrumentos disponibles respondan efectivamente a las causas del problema y generen reducciones de emisiones donde estas produzcan mayores beneficios sanitarios y ambientales.

La experiencia reciente de Santiago ofrece una lección relevante. La actualización de su plan de descontaminación se apoyó en una caracterización detallada de las fuentes emisoras, permitiendo diseñar medidas con foco en los sectores de quema de leña formal e informal que explicaban la mayor parte de la contaminación. Ese enfoque basado en evidencia permitió no solamente identificar con claridad las responsabilidades, sino orientar de mejor manera los esfuerzos de reducción de emisiones, reemplazando a la fecha más de 31.000 calefactores a leña en el marco del funcionamiento del instrumento compensación de emisiones.

La realidad del centro-sur es aún más compleja. Más de dos millones de hogares utilizan leña para calefacción, convirtiéndola en una de las principales fuentes de contaminación atmosférica de la macrozona. En ciudades como Concepción, la fracción orgánica del MP2,5 asociada principalmente a la combustión de leña supera el 65%, mientras que en ciudades como Coyhaique o Puerto Aysén puede sobrepasar el 90%. Frente a esta realidad, la discusión pública debe abandonar soluciones parciales y avanzar hacia una estrategia de escala macrozonal. Ello requiere estudios actualizados, mejores líneas base, análisis de impacto en salud y una identificación rigurosa de las fuentes responsables. Pero, sobre todo, exige voluntad política para impulsar instrumentos costo-efectivos que permitan acelerar la sustitución tecnológica hacia alternativas menos contaminantes, como el gas licuado, gas natural o la electricidad, allí donde la solución genere los mayores beneficios sociales.

La descontaminación de la macrozona centro-sur no es únicamente un desafío ambiental, es una política de salud pública, de equidad territorial y factor habilitante de desarrollo. Persistir en diagnósticos incompletos o en medidas que no atacan la raíz del problema solo prolongará una situación que afecta a millones de personas. El desafío es enorme y para abordarlo debemos tener un buen diagnóstico para articular la mejor solución público privada que permita resolver, en tiempo y forma, el verdadero problema de fondo.

Matías Concha
Consejero Sofofa